El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha manifestado su preocupación y rechazo ante la reciente resolución del gobierno nacional que redefine la estructura ecológica de la Sabana de Bogotá. Según el mandatario, esta medida podría afectar gravemente el desarrollo de proyectos clave para la ciudad, perjudicar a miles de ciudadanos y generar un impacto negativo en el ordenamiento territorial de la región.
«No vamos a permitir que decisiones impuestas afecten el desarrollo de Bogotá y vulneren los derechos de sus ciudadanos»
Uno de los principales puntos de preocupación de Galán es la incertidumbre que la resolución genera para los propietarios de predios afectados. Muchas familias han ahorrado durante años para adquirir una vivienda y ahora podrían enfrentarse a restricciones en el uso de sus terrenos. En este sentido, el alcalde destacó el caso del Plan Parcial El Edén-El Descanso, un proyecto que representa un compromiso de la ciudad con la comunidad muisca de Bosa. De implementarse la resolución, este plan quedaría en el limbo, afectando a esta población y a quienes esperaban beneficiarse del desarrollo urbanístico.
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La preocupación también se extiende al impacto que la medida tendría sobre proyectos de infraestructura estratégicos para la movilidad de la ciudad. La resolución pone en riesgo el avance de la Primera y Segunda Línea del Metro, ya que los patios y talleres donde se haría el mantenimiento de los trenes estarían ubicados en zonas, ahora categorizadas como humedales. Esta situación, según Galán, podría comprometer la viabilidad del sistema de transporte masivo que la ciudad ha estado impulsando durante años. Además, otros proyectos como la Tercera Línea del Metro y el Regiotram de Occidente también estarían en riesgo.
«Esta resolución pone en riesgo proyectos clave como el metro, la ampliación de vías y el abastecimiento de agua para millones de bogotanos»
Las vías principales de la ciudad también se verían afectadas. Obras de vital importancia como: la Troncal de la Calle 13, la Avenida Suba-Cota y la ampliación de la Autopista Norte podrían sufrir retrasos o incluso cancelaciones debido a la nueva definición de estructura ecológica. Esto representaría un problema para la movilidad y la conectividad de Bogotá con otras regiones.
En cuanto a los servicios públicos, el alcalde advirtió que la resolución podría generar problemas en el abastecimiento de agua y energía para la capital y sus alrededores. Embalses fundamentales como San Rafael y Chisacá podrían ser reclasificados como humedales, lo que pondría en entredicho su operación y la garantía del suministro hídrico para millones de bogotanos.
En términos energéticos, la medida podría paralizar proyectos claves para la región, lo que aumentaría la dependencia de fuentes contaminantes como la termoeléctrica Termozipa, agravando los problemas ambientales en lugar de solucionarlos.
El alcalde Carlos Fernando Galán también criticó la forma en que el Gobierno Nacional ha manejado este proceso, asegurando que la consulta ciudadana ha sido una simple formalidad sin verdadero impacto en la decisión final. Según él, en ocasiones previas cientos de comentarios y observaciones han sido ignorados, lo que demuestra una falta de voluntad para coordinar con las autoridades locales y respetar la autonomía territorial. El alcalde recalcó que decisiones de esta magnitud deben tomarse en conjunto con las ciudades y municipios afectados, considerando sus planes de desarrollo y necesidades específicas.
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El mandatario local enfatizó que esta decisión del Gobierno Nacional afecta a más de 600.000 personas y 138 barrios de Bogotá, incluyendo sectores de: Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. Entre los barrios mencionados están La Magdalena, Villa Alsacia, El Tintal, Potosí y Granada, entre otros.
Para hacer frente a esta situación, la Alcaldía de Bogotá habilitará una plataforma digital en la que la ciudadanía podrá ingresar su dirección y verificar si su vivienda está dentro de las zonas redefinidas como humedales. Esta herramienta permitirá a la comunidad conocer las implicaciones de la resolución sobre sus propiedades y derechos.
El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la defensa de sus territorios y a actuar de manera libre pero decidida para exigir transparencia y respeto por la autonomía local. Galán subrayó que esta es una nueva muestra de cómo el Gobierno Nacional impone decisiones sin considerar a las administraciones locales, violando el principio de autonomía territorial consagrado en la Constitución. Señaló que esta no es la primera vez que se presentan este tipo de medidas inconsultas, lo que refuerza la necesidad de un replanteamiento en la relación entre el gobierno central y las regiones.
«Exigimos que el gobierno nacional escuche a la ciudadanía y respete la autonomía territorial en la toma de estas decisiones»
A pesar de su oposición a la resolución, Galán insistió en que su administración está comprometida con la protección ambiental. En este sentido, mencionó varias iniciativas en marcha, como la restauración de la Reserva Thomas van der Hammen, la recuperación de los Cerros Orientales y la inversión en proyectos de conservación. Para el mandatario, el compromiso con el medio ambiente debe reflejarse en acciones concretas y no en discursos vacíos que terminan obstaculizando el progreso de la ciudad.
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Ante este escenario, el alcalde hizo un llamado al Gobierno Nacional para que retire la resolución y abra un espacio de diálogo que permita construir una solución concertada. Advirtió que, si no hay una rectificación, la ciudad tomará acciones legales y buscará el apoyo de los mandatarios de Cundinamarca y Meta para hacer frente a los efectos negativos que esta decisión podría generar en la región.
