Autor: Canal Capital

Desde la historia del rock en la capital hasta crónicas rojas, pasando por thrillers y poesía, son las historias que se pueden encontrar en la colección Leer para la Vida, que se centra en obras y libros que hablan de Bogotá.

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) cuenta con múltiples recursos para llevar la literatura a los bogotanos y las bogotanas. Uno de ellos son las “Colecciones digitales”, un repositorio donde se compilan, administran, preservan y difunden contenidos digitales en formatos como texto, audio, video, imagen y proyectos web.

Aquí encontramos la colección “Bogotá: Leer para la vida”, un proyecto editorial de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que rescata y reivindica contenidos de diversos géneros y temas relacionados con la cultura y el patrimonio bibliográfico de la ciudad.

“Una de nuestras apuestas es poner a disposición de todos los y las usuarias libros que tengan que ver con la literatura, con autores bogotanos o que hagan reflexiones sobre estos paisajes y las temáticas que hablan sobre la ciudad”, sostuvo Andrea Victorino, directora de BibloRed.

Además de literatura, esta colección incluye diferentes áreas temáticas desde las que se ha abordado o comprendido Bogotá a lo largo de los años: historia, periodismo, música, arquitectura, urbanismo, narrativa gráfica y humor, entre otras. Lo que pretende es ofrecer a las y los lectores múltiples perspectivas de la ciudad, como si se tratara de recorrerla a través del tiempo y el espacio.

“A través de 15 títulos hemos recuperado autores o títulos que salieron del mercado editorial y tuvimos la oportunidad de re-editarlos y revisarlos, para tener una nueva edición que tenemos disponible tanto en libros físicos como digital en BibloRed”, agregó Victorino.

¿Qué libros que hablan de Bogotá encontramos en Leer para la vida?

En esta colección encontramos reediciones invaluables, como los tomos de ‘Chapinero’, la legendaria revista fanzinera de los años 80 creada por Eduardo Arias y Karl Troller; también el ‘Bogotono’, un reportaje fotográfico que aborda a Bogotá desde sus colores.

En cuanto a literatura se destaca la antología de poemas sobre Bogotá curada por el poeta Ramón Cote, así como los cuentos de Fanny Buitrago agrupados en ‘Líbranos de todo mal’, en el que se tratan temas de tensiones religiosas y políticas; o los relatos alrededor de cartas de R.H Moreno Durán en ‘Cartas en el asunto’, donde el autor explora lo trágico y lo cómico en Colombia, usando juegos mentales y asociaciones libres para representar la diversidad del país y de sus habitantes.

Otro título de la colección es ‘Diana cazadora’ del escritor bogotano del siglo XIX Clímaco Soto Borda, novela ambientada en Bogotá durante la Guerra de los Mil Días que satiriza la sociedad a través de la decadente vida cotidiana de sus habitantes. También encontramos al historietista argentino Daniel Rabanal con ‘Las aventuras de Gato: el oro de la Santamaría’ y ‘Las aventuras de Gato: la hermandad del Agua Clara’, que nos sumergen en desafíos misteriosos.

También la arquitectura tiene un lugar con Guillermo Angulo, autor de ‘Rogelio Salmona: arquitectura del tiempo y la memoria’ que explora en detalle las contribuciones de Salmona a la arquitectura contemporánea. Por su lado, Jimena Montaña Cuéllar narra la historia del río San Francisco y su relación con la Avenida Jiménez en ‘El río que corre’, subrayando la importancia de esta vía en el desarrollo de Bogotá.

El cronista Ricardo Rondón, que durante 26 años trabajó en el diario ‘El Espacio’, nos sumerge en el absurdo social y político de Bogotá con una selección de 20 de sus crónicas, hecha por el escritor Andrés Ospina, en el libro ‘Un espectáculo del absurdo’. En relación con esta Bogotá ‘underground’, pero a través de nueve cuentos, Roberto Rubiano Vargas se aproxima al crimen, las pandillas, los hippies, el comercio legal e ilegal y el narcotráfico en relación con el arte en ‘Un domingo antes del fin del mundo’.

También encontramos a la pionera del periodismo en Colombia, Emilia Pardo Umaña, quien explora temas de violencia y represión en los textos de ‘La letra con sangre entra’ mientras que el ensayista Germán Arciniégas narra la vida de Gonzalo Jiménez de Quesada y su búsqueda de El Dorado en ‘El Caballero de El Dorado’, brindando una visión profunda de la conquista de América.

Finalmente, en una visión narrativa más subjetiva y diversa de Bogotá, la escritora bumanguesa nacida en 1918 Elisa Mújica da voz a las casas de Bogotá en ‘Las casas que hablan’, permitiéndonos escuchar las historias de sus habitantes; mientras que Umberto Pérez y Luis Daniel Vega documentan la escena musical del rock en Bogotá entre 1957 y 1975 en ‘Una idea descabellada: instantáneas del rock en Bogotá’.

Esta colección se propuso seleccionar títulos que permitieran leer a Bogotá desde distintas esquinas y sobre las numerosas maneras de habitar esta ciudad. ¿Cómo son los bogotanos del siglo XXI?, ¿cómo conformamos una colección sin perder la perspectiva histórica?, ¿cómo ha cambiado Bogotá?, ¿cuántos derrumbamientos y reconstrucciones la han atravesado?

“La colección es muy interesante porque recoge temáticas como el rock, la música, la poesía y crónicas que se han publicado sobre Bogotá (…) queremos invitarlos a conocerla. Está disponible en la biblioteca digital de Bogotá y en todas nuestras bibliotecas”, finalizó la directora de BibloRed.  

La ONG Temblores publicó en la plataforma ‘Grita’ el resultado de un informe con cifras que llamaron la atención de expertas, expertos y la ciudadanía: en 2023 se presentaron 187 denuncias de casos de abuso policial contra 268 víctimas.

El año pasado hubo por lo menos tres variantes recurrentes del delito: discriminación (31 casos), administrativa y judicial (52 casos) y detención arbitraria, una de las denunciadas con mayor frecuencia por la ciudadanía (48 casos).

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Hubo reducción del delito, pero sigue siendo un número alto de denuncias

Temblores, una Organización No Gubernamental (ONG), nació como un espacio para la investigación y difusión de diversos hechos relacionados con los derechos humanos en Bogotá y en el país.

En la plataforma ‘Grita’, creada en febrero de 2020 y potenciada a raíz de los hechos de abuso policial en el marco de las manifestaciones entre 2020 y 2021 en toda Colombia, residen diversos documentos de la ONG que recopila información respecto a delitos relacionados con el uso y abuso de la fuerza, el incumplimiento de derechos en el momento de las detenciones y otras formas de violencia por parte de las autoridades.

La gran mayoría de las denuncias de abuso en 2023 residen en la violencia física, con 140 casos. La violencia homicida (es decir: la posibilidad de perder la vida durante un procedimiento de detención, probablemente por amenazas con armas de fuego u otros elementos letales) tuvo 22 casos, y la violencia sexual 6 casos.

“El 17,8 % de los casos fue por miembros de la UNDMO (antiguo ESMAD) y el restante por miembros del GOES y la Policía de Tránsito. Frente al 2022, identificamos una reducción del 45 % de los casos, pero para la violencia homicida sólo hubo una reducción del 15 %”, indicó Camilo Mendoza, investigador de Temblores.

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La investigación de la ONG también reveló que en Bogotá se presentaron el 51 % de los casos denunciados.

Según el informe, en el primer semestre de 2023 hubo 126 víctimas: 63 hombres, 42 mujeres, 2 mujeres trans y otras 19 sin información. Es decir que desde julio hasta diciembre hubo 61 casos: un número reducido en comparación, pero que, sumado a los más de 120 del primer semestre, arrojó el total de 187 denuncias por abuso policial.

“Esto, de alguna manera, obliga a que no solamente sea la Policía como institución la que haga el seguimiento y las acciones de mejora, porque esto tiene implicaciones con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía e incluso con la Defensoría del Pueblo, que también ha hecho los llamados de atención correspondientes, pero no se ve que las otras instancias hagan los mecanismos regulatorios para garantizar la vida de las personas bajo custodia”, puntualizó Carlos Charry, director de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.

Las confrontaciones con las autoridades en protestas o manifestaciones son los escenarios más recurrentes de denuncia de violencia policial: el 25 % de los casos ocurrieron en el marco de una movilización. Además de ello, el cambio del ESMAD al UNDMO sí ha tenido la contundencia nominal esperada: el investigador Charry indica que la percepción de los jóvenes respecto a este grupo de reacción inmediata, pese a que mantiene la misma indumentaria y los mismos elementos y procedimientos, mejoró un 35 %. Esto incluye al cuerpo policial en general.

“Hacemos un llamado a la Policía Nacional y al Gobierno Nacional para que en el contexto de la Directiva permanente 09 de implementación de los lineamientos de la Transformación Policial + Humana se incluyan estrategias para reducir y sancionar disciplinariamente los casos de procedimientos irregulares y hostigamientos policiales”, señaló el informe de Temblores.

¿Cómo denunciar un caso de violencia policial?

Vale destacar que Temblores es una ONG que recopila información y hace visibles diversas irregularidades relacionadas con los derechos humanos, pero no es un mecanismo de justicia, por lo tanto, si bien pueden brindar las bases, orientar y visibilizar, lo fundamental es denunciar los hechos de abuso policial en las instancias correspondientes.

Las víctimas de estos hechos pueden acudir a las entidades encargadas de vigilancia y control del trabajo de la Policía Nacional, entre esas aparece, justamente, la misma Policía: en unidades policiales, comandos de metropolitanas, departamentos de policía y escuelas de formación policial hay Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) para presentar quejas, reclamos, peticiones o sugerencias respecto al ejercicio de las autoridades.

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También puede acudir a la oficina de asuntos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o la Unidad contra Violaciones de DD. HH. de la Fiscalía General de La Nación.

En el caso de Bogotá hay dos entidades que están encargadas de velar por los derechos de ciudadanas y ciudadanos: la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer. En diversas instancias de estas entidades se puede hacer una denuncia por violencia policial.

El pasado miércoles 3 de abril, el proyecto de la Reforma a la Salud planteado por el Gobierno Nacional se hundió en la Comisión Séptima del Senado. El documento, que tuvo un concepto aprobatorio inicial después de varias controversias, no llegó a tener las suficientes bases para ser aprobado e instaurado.

Para expertas y expertos, este fue un tropiezo considerable teniendo en cuenta que las banderas del Gobierno en cuanto a reformas se centran en tres movimientos principales: la salud, las pensiones y la educación. Además, el proyecto de la Reforma a la Salud empezó sus diversos trámites desde que Gustavo Petro se convirtió en presidente del país: casi dos años después, el discutido texto se cayó.

Ahora bien, tras no hallarle más signos vitales a la Reforma, hubo diversos movimientos políticos e institucionales que todavía permanecen en discusión: la intervención de la Superintendencia de Salud a varias EPS y el anuncio de ajustes en el sistema por medio de decretos.

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Modificaciones en la salud: ¿una reforma más pequeña?

El panorama de la salud en el país parece más grave, al menos desde la óptica de la ciudadanía y las y los afiliados a distintas Entidades Prestadoras de Salud. Luego del hundimiento de la Reforma, hubo una serie de intervenciones de Supersalud en al menos siete EPS: Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Sanitas, Servicio Occidental de Salud y Nueva EPS.

Si bien la intervención está más relacionada con las auditorías de procesos y la revisión del funcionamiento de las EPS, no deja de ser un llamado de atención para las empresas del sector salud y también para las expertas y los expertos.

“Al hundirse la Reforma a la Salud, el Gobierno opta por sacar una serie de decretos. Cuando hace eso, uno se pregunta si realmente era necesaria la reforma porque ya había unas leyes, como la Ley 1438 de 2011o la Ley Estatutaria en Salud de 2015, que establecían el modelo de atención primaria”, puntualizó el profesor de la Universidad de Los Andes Luis Jorge Hernández.

Justamente una de las grandes discusiones recientes tiene relación con la atención primaria en salud.

Definida por el Ministerio de Salud, la atención primaria es “la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

En esencia, es el gran bloque teórico de lo que representa la salud para las ciudadanas y los ciudadanos. Dado que abarca prácticamente todo lo relacionado con este campo, las modificaciones vía decreto pretendidas por el Gobierno tendrían incidencia probable en cualquier estamento del panorama de la salud del país.

“Es vital que trabajemos en la carrilera de la calidad para poder llevar a buen puerto el modelo de atención en Bogotá”, planteó Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

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El giro directo y el tarifario único: ¿cómo se optimizaría la llegada de los recursos a los hospitales?

En su momento, uno de los planteamientos más discutidos de la Reforma a la Salud fue la posible transformación de la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud (ADRES, por sus siglas) para que hubiese una relación mucho más directa entre el Ministerio de Salud y los hospitales. Actualmente, los recursos para los centros de salud pasan primero por el ADRES antes de llegar a los sitios donde se utilizarán.

Fue por ello que, una vez hundida la Reforma y puestos en marcha los cambios en el sector salud, se habló del giro directo.

“El giro directo pretende generar un mayor flujo de recursos a las instituciones prestadoras de servicio de salud. ¿Haciendo qué? Evitando que el dinero pase por la vía de las EPS. Sin embargo, las EPS tienen la responsabilidad de revisar todas las cuentas que se van a pagar desde el ADRES”, explicó Enrique Peñaloza Quintero, docente experto en salud de la Universidad Javeriana.  

Otro punto a señalar fue el tarifario único, medida que pretende homogeneizar los costos en salud en el país por medio de la consolidación de una especie de manual.

Cuando se planteó esta posibilidad, Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, indicó: “El acto administrativo se publica esta semana, ya se ha venido validando con prestadores públicos y privados, agremiaciones y talento humano en salud. Este tiene unos componentes de actualización en procedimientos quirúrgicos, intervenciones, traslados e internación”.

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“El tarifario lo que va a buscar es que existan unos precios de referencia en el sistema. Pero es muy importante comprender que el tarifario debería funcionar como un techo o como una base”, afirmó el profesor Peñaloza Quintero.

Los expertos coinciden en que, a diferencia de los planteamientos de un proyecto de reforma, hay varias leyes o recursos con los cuales se pueden llevar a cabo estas iniciativas desde el Gobierno. Se estima que al menos ocho decretos podrían expedirse para iniciar el trámite de las transformaciones del sector salud.

Ante los bajos niveles de los embalses que nutren a la ciudad, la Alcaldía de Bogotá aplicó el racionamiento de agua: durante 24 horas, desde las 8 a.m., algunas zonas de la ciudad se quedaron sin el servicio. Esta restricción se pensó de manera sectorizada, por localidades y por barrios.

Este jueves comenzó el Turno 1, comprendido por barrios en 10 localidades: Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53), Chapinero (18), Los Mártires (22), Puente Aranda (69), Rafael Uribe Uribe (28), Santa Fe (1), Teusaquillo (52), Tunjuelito (4) y Usaquén (16).

¿Cómo se alistaron los comercios y las ciudadanas y ciudadanos de estas zonas? Aunque el aviso se dio el lunes y la programación se concretó al comienzo de la semana, todavía hay cierto desconcierto e inconformismo respecto a las horas del racionamiento.

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Un vistazo al barrio Galán en el primer día sin agua

A las 8 de la mañana de este jueves 11 de abril comenzó la primera etapa de racionamiento de agua en Bogotá. Habrá nueve turnos en toda la ciudad e incluso en municipios aledaños y luego del 19 de abril (día de la última jornada de restricción) se tomarán decisiones respecto al funcionamiento de la medida.

Es importante resaltar que los cortes se planean ante las condiciones climáticas adversas que afectan el agua y, al menos en principio, el uso de este recurso incluso para actividades energéticas.

AHORA llegó hasta el barrio Galán, en Puente Aranda, para conocer las medidas tomadas por los comercios y otros establecimientos teniendo en cuenta que el agua potable no volverá sino hasta el viernes en la mañana.

Con un primer rastreo, llevado a cabo incluso en días anteriores, se concluyó que las personas se habían preparado recolectando agua para las actividades cotidianas. Asimismo, las tiendas y negocios se suplieron de la cantidad suficiente del recurso para no cesar sus operaciones mercantiles.

“A nosotros nos agarró así (de sorpresa) porque no depositamos agua. Tuvimos que ir ayer y comprar canecas para llenarlas de agua y tomar estas medidas que son por un bien para todos (…) Pero ahí tenemos agua para trabajar el día de hoy y parte del día de mañana (…) El agua es para el baño y ya tenemos unos botellones para hacer el pan, también tenemos para lavar la loza”, indicó José Camacho, comerciante del barrio Galán.

De todas formas, el aviso inicial del lunes funcionó para que los negocios y las viviendas alistaran sus mecanismos para el día sin agua. La recolección en baldes, ollas y otros recipientes ha sido el factor clave para el transcurso de la jornada.

“Dejamos unas canecas con agua y la capuchinera que trabaja con agua directa. También hicimos una adaptación para que no haya ningún problema y se pueda atender al cliente de forma común y corriente”, señaló la comerciante Yaneth Sánchez.

Pasando a las viviendas, las ciudadanas y los ciudadanos recolectaron agua y en general están de acuerdo con la medida restrictiva en tanto todo sea por el buen manejo del recurso y el cuidado de los embalses. Pero las opiniones siguen divididas: para algunos, es necesario el racionamiento; para otros, hay una cuestión cultural de fondo sobre el uso del agua que va mucho más allá de ‘cerrar el grifo’.

“Me parece que no es tan buena medida porque la gente se aprovisiona más de agua en vez de lo necesario. Se me hace que el consumo va a ser más”, opinó un ciudadano.

Duchas de 3 minutos y usar el agua en acciones necesarias: el llamado sigue siendo al ahorro

Más allá de restricciones de veinticuatro horas, la Alcaldía y diversas entidades instan al cuidado del agua en las actividades diarias y sobre todo en las zonas que no iniciaron la restricción: no lavar el carro con flujo directo de la manguera, cerrar la llave al cepillarnos los dientes y también de forma intermitente al lavar la loza, tomar duchas de entre 3 y 5 minutos y, en esencia, pensar dos veces antes de usar agua para algo que probablemente no sea tan necesario.

“En realidad uno no amanece sucio. Uno bien se podría bañar día de por medio sin ningún problema (…) Creo que culturalmente estamos mal enseñados porque siempre hemos contado con la abundancia del recurso del agua, entonces no estamos enseñados a ahorrar y usar bien el agua”, señaló la ciudadana Alida Rincón.

Vale destacar que la medida de racionamiento tiene un objetivo trazado desde la Alcaldía: reducir el consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 15 metros cúbicos.

Recuerde que, para este viernes 12 de abril, el Turno 2 contempla barrios en dos localidades y un punto de suministro: Engativá (290 barrios) y Fontibón (21) y el punto de suministro de ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota).

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Si quiere conocer otras novedades sobre las restricciones, el cuidado del agua y el medio ambiente lo invitamos a seguirnos en X (antes Twitter), Facebook, Instagram y TikTok.

Recomendaciones para ahorrar agua:

-Bañarse en menos de cinco minutos.
-Calcular el agua que va a necesitar.
-No sobreabastecerse.
-Revisar el estado de las tuberías en viviendas.
-Usar un vaso como recipiente de agua cuando se lave los dientes.

*Contenido financiado por el Fondo Único de TIC

En un esfuerzo conjunto entre la Policía de Bogotá y la Fiscalía, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán anunció la realización de operativos desde la madrugada del miércoles en las localidades de Suba, Usme y Ciudad Bolívar, con el objetivo de desarticular bandas delincuenciales dedicadas al homicidio, extorsión, hurto de motos y tráfico de estupefacientes.

Según el reporte del mandatario, se reportaron 30 capturas en estas zonas. Entre los detenidos se encuentran presuntos implicados en delitos como microtráfico, porte de armas de fuego, extorsión, homicidio y hurto a personas.

“En este esfuerzo se hicieron 35 registros y allanamientos en la madrugada de hoy que empezaron cerca de la 1 de la mañana y dieron como resultado la captura de 30 personas y varios elementos hurtados, también armas. En el marco de las prioridades que hemos tenido desde el primer día en está alcaldía en el marco de ‘Bogotá camina segura’ como delitos prioritarios: el hurto, la extorsión, el homicidio y el multicrimen”, expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Uno de los grupos desarticulados, conocido como ‘Los Inquietos’, fue objeto de nueve capturas en Suba, Engativá y Usme por hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y extorsión. Su modus operandi consistía en el hurto de motocicletas mediante atracos en vía pública, para posteriormente extorsionar a las víctimas pidiendo dinero para devolver el vehículo robado.

Otro grupo, desmantelado durante la operación ‘Alameda’, se dedicaba al tráfico local de estupefacientes en Usme y Rafael Uribe Uribe. En este caso, se lograron 13 capturas y dos imputaciones, además de la incautación de 15 dosis de sustancia estupefaciente tipo bazuco y siete celulares, afectando la renta criminal del tráfico local de estupefacientes hasta en 100 millones de pesos.

Finalmente, se informó sobre la captura de ‘Los Galeras’, una organización criminal responsable de homicidios selectivos en Ciudad Bolívar por el control territorial de estupefacientes. En el operativo, se decomisó un fusil M4, 30 cartuchos de munición, dos kilogramos de marihuana, una gramera y diez celulares, lo que representó un golpe de 300 millones de pesos a las finanzas criminales de los expendedores de estupefacientes en la zona.

El alcalde Galán destacó la importancia de estos operativos para garantizar la seguridad en Bogotá y anunció que se seguirá trabajando para desarticular estas organizaciones criminales y brindar tranquilidad a los ciudadanos.

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En su aniversario número 53, la Cinemateca de Bogotá ofrecerá un día de cine gratuito en la ciudad. Las obras que se exhibirán son ganadoras de estímulos a la creación en artes audiovisuales otorgados por IDARTES y la Secretaría de Cultura de Bogotá. Este evento especial se llevará a cabo el próximo 10 de abril de 2024.

Fundada en 1971 como parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cinemateca de Bogotá se ha destacado a lo largo de los años por su compromiso con la preservación y promoción del cine colombiano y mundial. Además de su programación en sala, la institución ha sido un centro de desarrollo de políticas públicas que impulsan las artes audiovisuales, ejecutando diversas estrategias de preservación, publicaciones, investigaciones, generación de contenidos, formación y más.

Además, como parte de su compromiso con la formación y la educación cinematográfica, la Cinemateca de Bogotá ofrece talleres, cursos y seminarios para aquellos interesados en conocer más sobre el arte y la técnica del cine.

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Ricardo Cantor Bossa, gerente de artes audiovisuales de IDARTES de la Cinemateca de Bogotá, destacó la importancia de la institución en la vida cultural del país al cumplir 53 años. Anunció que celebrarán este aniversario con un día de cine gratuito en Bogotá, presentando películas de ficción, documental, animación y material de archivo, todas ellas ganadoras de estímulos a la creación en artes audiovisuales otorgados por IDARTES y la Secretaría de Cultura de Bogotá.

La programación del aniversario estará dedicada al cine colombiano, con largometrajes y cortometrajes de acceso libre hasta completar aforo. Las boletas podrán ser reclamadas una hora antes de cada función.

¿Qué películas podrás ver el 10 de abril? 

Largometrajes:

Don Ca (Dir. Patricia Ayala, 2013) Colombia. 90 min. 
El concursante (Dir. Carlos Osuna, 2019) Colombia. 82 min. 
Mambo Cool (Dir. Chris Gude, 2013) Colombia, EEUU. 60 min. 
Pirotecnia (Dir. Federico Atehortúa, 2019) Colombia. 85 min. 
Toro (Dir. Adriana Bernal-Mor, Gina Ortega, 2022) Colombia. 78 min.

Cortometrajes: 

Alguien mató algo (Dir. Jorge Navas, 1999) Colombia. 27 min. 
Masmelos (Dir. Duván Duque, 2019) Colombia. 15 min. 
Bailando (Dir. Iván Gaona, 2020) Colombia. 13 min. 
Aurora y la casa de las luces (Dir. María Matiz, Ángela Matiz, 2022) Colombia. 17 min. 
Paloquemao (Dir. Jeferson Cardoza Herrera, 2022) Colombia. 19 min. 
La cerca (Dir. Rubén Mendoza, 2004) Colombia. 20 min. 
Flores secas (Dir. Hernando Borda, 2019) Colombia. 16 min. 
Intuición (Dir. Julieta Arellano, 2015) Colombia. 15 min. 
Lupita y las sirenas (Dir. Tomás Pinzón Lucena, 2020) Colombia. 20 min. 
Fieras (Dir. Andrés Felipe Ángel, 2023) Colombia. 19 min.

Animación: 

Fabricia (Dir. Cecilia Traslaviña, 2013) Colombia. 8 min. 
Carne (Dir. Carlos Gómez Salamanca, 2013) Colombia. 8 min. 
Llave de papel (Dir. Jenaro González Páez, 2015) Colombia. 23 min. 
El intronauta (Dir. José Arboleda, 2019) Colombia. 16 min. 
En medio de la nada (Dir. Oscar Fabián Triana, 2023) Colombia. 8 min. 
La perra (Dir. Carla Melo, 2023) Colombia, Francia. 14 min.

Archivo

Jesús (Dir. Felipe Colmenares, 2023) Colombia. 28 min. 
Cesó la horrible noche (Dir. Ricardo Restrepo, 2013) Colombia. 25 min. 
Planas, testimonio de un etnocidio (Dir. Marta Rodríguez, Jorge Silva. 1971) Colombia. 37 min.

Documental

Un rumor atraviesa el tiempo (Dir. Anna Magdalena Silva Schlenker, 2013) Colombia. 25 min. 
Tomada (Dir. Mauricio Leiva Cock, 2016) Colombia. 26 min. 
Estas no son nuestras memorias (Dir. Aseneth Suárez Ruiz, Patrick Alexander, 2021) Colombia. 23 min. 
El susurro de un abedul (Dir. Diana Montenegro, 2015) Colombia. 15 min.

En sus 53 años de existencia, la Cinemateca de Bogotá ha demostrado ser mucho más que un simple espacio de proyección cinematográfica. Es un lugar donde el cine cobra vida, donde las historias se encuentran y donde la cultura se expande. Por eso, en este aniversario, celebramos no solo la historia de la Cinemateca, sino también el legado de cine y cultura que ha dejado en Bogotá y en Colombia.

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Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas. 

A un año de la entrega de su Informe Final, que contiene 11 capítulos y más de 9.000 páginas, hacemos una recopilación de los hallazgos y recomendaciones más relevantes que entregó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, una entidad creada como parte del Sistema Integral para la Paz, también conformado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 

La Comisión fue creada en 2017 y empezó su mandato en 2018. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que marcó el fin de más de 50 años de conflicto con el grupo guerrillero, brindó una oportunidad para iniciar transformaciones necesarias como sociedad. Sin embargo, como lo afirmó la misma Comisión de la Verdad en el tomo “Hallazgos y recomendaciones” de su Informe Final, después de varios años de la firma del Acuerdo Final de Paz, algunas regiones del país han vivido un recrudecimiento de la violencia. 

Aunque se han logrado avances significativos en la implementación del Acuerdo, aún quedan enormes desafíos y tareas pendientes. La propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) generó un intenso debate en el Congreso de la República en mayo de 2023. Sin embargo, después de la conciliación entre los ponentes del Senado y la Cámara de Representantes, la propuesta se hundió.

 El Gobierno de Petro buscaba que el artículo 8, que establecía la acogida progresiva de las recomendaciones por parte de las entidades del orden nacional, fuera aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. Algunos consideraban que esto implicaba tomar en serio la implementación de las sugerencias, mientras que otros criticaban que se pretendiera hacer obligatorio su cumplimiento. 

Este hundimiento no impide que las entidades del Estado trabajen para cumplir las recomendaciones de la Comisión. De hecho, el Gobierno de Petro ya está implementando 11 de las 67 sugerencias, y 40 de ellas están incluidas en el Acuerdo de Paz.

Hallazgos de un país herido por la guerra

Algunos de los hallazgos más importantes que recogió la Comisión en su Informe Final tienen que ver con las personas asesinadas en el marco del conflicto, más del 90 % de las cuales eran civiles. 

Al combinar 112 bases de datos, la Comisión de la Verdad, la JEP y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG) calcularon que aproximadamente 450.666 personas fueron asesinadas durante el período comprendido entre 1986 y 2016. 

Según la Comisión, “nueve de cada diez víctimas mortales eran civiles. La mayoría de estas eran habitantes del sector rural. En la guerra, los campesinos, las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas no solo perdieron la vida, sino, en muchos casos, la tierra, y han tenido que luchar sin descanso para ser incluidos en el proyecto de nación”. 

Otro de los hallazgos apunta a que alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018, y que los mayo­res responsables de este delito de lesa humanidad fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538 víctimas).

 La Comisión afirmó también que los grupos paramilitares cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. “Según los datos del CNMH, el 91,5 % de las víctimas de los paramilitares fueron objeto de asesinatos selectivos, masacres y desaparición forzada”. 

Sobre el narcotráfico, la Comisión aseguró que el modelo de acumulación en torno a la cocaína ha sido amplio y “tan frecuente y profundo que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones”. 

Así, se ha criminalizado al campesino cocalero, considerándolo como la base social de la guerrilla y el principal responsable del narcotráfico. Esta percepción ha llevado a un aumento de la violencia dirigida hacia los grupos más vulnerables, mientras que se ha diluido la responsabilidad de los actores políticos o institucionales, quienes son los principales beneficiarios económicos de esta actividad ilícita. 

Para la Comisión, el conflicto armado en áreas rurales ha exacerbado la desigualdad estructural y ha llevado a un aumento en la acumulación de tierras y recursos, así como al desplazamiento forzado de la población hacia áreas urbanas.

 “El 2,27 % de los propietarios tendría en su poder el 52,62 % de las hectáreas de propiedad privada (15,38 millones) ubicadas dentro de la frontera agraria, mientras que el 62,22 % de los propietarios tendría apenas el 4,53 % de ese mismo territorio (1,3 millones de hectáreas)”. 

Sobre la relación entre conflicto y cultura, la Comisión de la Verdad destacó la importancia de entender la noción del «otro» como un problema crucial en la forma en que valoramos y nos relacionamos culturalmente, generando una identidad negativa fundamentada en el racismo y el clasismo, que ha sido la raíz de la violencia contra culturas, pueblos e identidades.

 El país aún mantiene privilegios y exclusiones, que se han visto reforzados por la idea del «enemigo interno». “La guerra no se siente como un daño común”, afirmó la Comisión. Las comunidades rurales más marginadas, incluyendo campesinos, pueblos étnicos, mujeres, personas LGBTIQ+, jóvenes y otros grupos, han sido afectados de manera desproporcionada. 

A pesar de esto, han resistido pacíficamente y aportado a la paz en medio de las adversidades. De hecho, como parte de su trabajo, la Comisión identificó 1.008 experiencias ciudadanas de convivencia en 28 departamentos de Colombia. Los territorios en los que más iniciativas se han gestado son, precisamente, aquellos con una fuerte afectación por el conflicto: Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Putumayo.

Las recomendaciones de la Comisión

El trabajo realizado por la Comisión de la Verdad identificó aspectos estructurales que deben cambiar para lograr un país inclusivo y hacer frente a las consecuencias del conflicto armado interno. El objetivo de las recomendaciones de la Comisión fue dictar una agenda para el futuro y promover un diálogo sobre las transformaciones necesarias en el país. 

Estas recomendaciones buscan poner fin a las confrontaciones armadas, superar los factores que contribuyen a la persistencia del conflicto y fomentar la reconstrucción de la confianza entre la sociedad y las instituciones. En resumen, se busca avanzar hacia la reconciliación y garantizar que no se repita el conflicto armado. 

Las recomendaciones que entregó la Comisión abarcan nueve temas: 1) construcción de paz como proyecto nacional, 2) víctimas, 3) régimen político y participación, 4) narcotráfico, 5) impunidad, 6) seguridad, 7) paz territorial, 8) cultura para la paz y la educación, 9) Legado de la Comisión. En esta imagen podemos ver las 67 Recomendaciones agrupadas en los 9 temas: 

  Las recomendaciones se pueden resumir así:

• La paz grande como una prioridad a largo plazo debe convertirse en un proyecto nacional que ponga en el centro el respeto por la vida y la dignidad.
• Reconocer a las víctimas del conflicto armado en su sufrimiento, dignidad y resistencia, comprometiéndose con su reparación integral y transformadora. También continuar con el reconocimiento de responsabilidades, tanto individuales como institucionales, como parte del proceso de sanación y reconciliación.
• Construir la paz sobre la base de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, honrando los compromisos asumidos desde el Estado y como una responsabilidad ética de la sociedad colombiana.
• Retomar las negociaciones de manera efectiva con el ELN para aliviar a las comunidades y poblaciones afectadas por un conflicto que persiste.
• Realizar un examen crítico del pasado para construir un futuro en paz, mediante una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto.
• Replantear el problema del narcotráfico y encontrar soluciones políticas, económicas, éticas y jurídicas para abordar el mercado de drogas y superar el enfoque prohibicionista.
• Fortalecer la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, a través de un mecanismo mixto que incluya tanto actores nacionales como internacionales, con el objetivo de investigar y esclarecer la verdad sobre el narcotráfico.
• Recuperar el valor de la justicia para restablecer la legalidad, fomentar la convivencia pacífica, garantizar los derechos de las víctimas y reconstruir la confianza en el Estado.
• Establecer una nueva visión de seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas como bien público.
• Fortalecer la democracia en busca de la paz, excluyendo por completo las armas de la política. Esto implica reformas que promuevan la inclusión de sectores marginados y restauren la integridad y dignidad en la esfera política.
• Se propone la creación de un Ministerio u organismo encargado de promover políticas estatales de reconciliación y construcción de paz.
• Se propone un proceso de ordenamiento territorial participativo, equitativo, sostenible y multicultural. Esto implica garantizar la redistribución de la tierra, prevenir y revertir el despojo, asegurar el acceso a bienes y servicios públicos (incluyendo seguridad y justicia), y proporcionar oportunidades productivas (como acceso a capital financiero, vías terciarias y mercados) para los habitantes del campo.
• Garantizar la aplicación del enfoque diferencial en la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión y en las funciones del Estado. Es necesario brindar un trato diferenciado a los grupos históricamente excluidos, como los pueblos étnicos, la población campesina, las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas LGBTIQ+, las personas con discapacidad o diversidad funcional y las personas de la tercera edad.
• Adoptar una ética ciudadana y pública compartida que nos permita transformar los valores, principios y narrativas arraigadas en nuestra cultura, los cuales han contribuido a la persistencia de la violencia. Debemos superar la visión del enemigo interno que ha permeado tanto la guerra como la política, y que incluso ha afectado las relaciones sociales
• Tomar el legado de la Comisión de la Verdad, que se refleja en sus hallazgos, recomendaciones y aprendizajes, como base para la reflexión y la acción social y política en temas fundamentales de la historia, el presente y la construcción de una vida en comunidad en el futuro.

Por: Astrid Ávila Castro

La protección de las niñas, niños y adolescentes es uno de los objetivos fundamentales en materia de cuidado y seguridad. El bienestar de todas y todos hace parte del cumplimiento de las agendas con la ciudadanía y por ello se emitió una alerta a tener en cuenta: según la Defensoría del Pueblo, las agresiones sexuales contra menores en la ciudad aumentaron 12 % en comparación con cifras del año pasado.

La entidad indicó que entre enero y febrero reportaron más de 300 casos de este delito. Diana Diago, concejal del Centro Democrático, insistió en hacer un llamado urgente a la Policía y otras autoridades con el fin de proteger a los menores de Bogotá.

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Entornos familiares y escolares: los principales escenarios de peligro para las y los menores

Las cifras hablan por sí solas: en AHORA conocimos que se han reportado 315 casos relacionados con abuso y agresión sexual contra menores de edad en Bogotá.

Según la plataforma SIEDCO, la cual se encarga de hacer un recuento pormenorizado de los reportes de las autoridades, el mayor delito denunciado ha sido el acto sexual con menor de 14 años (187 casos), sigue el acceso carnal abusivo con menores de 14 años (96 casos) y el acto sexual violento (37 casos).

Según expertos/as, los delitos lamentablemente ocurren en los escenarios más concurridos y familiarizados de los menores dado que son espacios donde conviven con frecuencia, aprenden y tienen guías y bases en sus primeros pasos de vida. Los entornos familiares y escolares, por ejemplo, suelen ser los más complejos.

“Uno de los primeros entornos donde suceden las situaciones de agresión sexual contra menores de edad es el mismo hogar, es el sitio donde inclusive se dejan al resguardo de otra persona, en general adultas, y atacan a los menores de edad bajo esa condición de tranquilidad o cercanía”, precisó el consultor de seguridad Orlando Carrillo.

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La concejala Diana Diago planteó la consolidación de rutas especiales con el fin de atender los casos de agresión pero, sobre todo, con el fin de prevenirlos y proteger la niñez.

“Es grave que entre enero y febrero fueron realizados 43 exámenes médico-legales por presunto abuso de niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, rechazamos los casos reportados recientemente en colegios de Bogotá, donde dos niñas habrían sido abusadas sexualmente”, indicó Carlos Camargo, defensor del pueblo.

Recordemos que uno de los casos a los que se refiere Camargo ocurrió en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, una institución distrital que hace unas semanas entró en paro estudiantil después de conocer la situación de abuso ocurrida en uno de los salones de clase. El detonante fue que, tras los hallazgos y la investigación, salieron a la luz otros hechos relacionados con abusos perpetrados en las instalaciones del colegio.

En aquel entonces, para retomar la normalidad académica, la Secretaría de Educación intervino y el resultado fue el traslado de la rectora y de una docente.

“La Secretaría de Educación desarrollará una intervención integral en la IED y en el entorno educativo para fortalecer procesos y prevenir y evitar situaciones de acoso o violencia. El miércoles 3 de abril se llevará a cabo una jornada constructiva en asamblea de maestros del colegio y la Secretaría de Educación, para generar procesos de reconstrucción del tejido social que serán aplicados en la institución con las y los estudiantes”, fue uno de los compromisos planteados por la Secretaría en la Mesa de Diálogo.

De hecho, según la reconstrucción del caso, fue la actitud de la alumna violentada lo que despertó la sospecha del entorno familiar sobre lo que estaría ocurriendo en el interior de los salones de clases.

Al respecto, el consultor Orlando Carrillo planteó: “el menor se va a retraer, de pronto se va a esconder o no va a hablar con ciertas personas. Ejemplo: usted le puede decir ‘Vamos donde su tío’, pero no quiere ir donde el tío por una situación específica que no estaba sucediendo antes. Esas son características de los menores que no logran decir espontáneamente qué les está pasando, pero, por su actitud frente a ciertas personas o frente a la misma actividad estudiantil, dice ‘Yo no deseo ir allí’ (…) Es vital que se retome y se refuerce la capacitación a nuestros menores: siempre recordarles cómo funciona el delincuente”.

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¿Cómo denunciar un caso de agresión contra menores?

La Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está disponible para recibir denuncias de violencia contra la niñez. El caso también puede remitirse a la Fiscalía General de La Nación por medio de la Línea 122.

Otras entidades relacionadas con la protección de menores son las Comisarías de Familia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación (cuando se trata de hechos en entornos escolares) y la Secretaría de Integración Social.

*Contenido financiado por el Fondo Único de TIC

Aquí puede ver el informe completo de AHORA: