A propósito del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que se conmemora este 25 de julio, en #AHORA analizamos algunos datos sobre las mujeres afro-colombianas y hacemos un recorrido por las violencias de las que han sido víctimas y sobrevivientes.
En 1992 se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora en Santo Domingo, República Dominicana. Este evento sucedió con el propósito de honrar y reconocer los esfuerzos de mujeres con ascendencia africana en su lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la exclusión social. Desde entonces, cada 25 de julio se recuerda la lucha y dignidad de las mujeres afro y se visibilizan las prácticas discriminatorias de las que aún hoy son víctimas.
La población negra en Colombia y las mujeres
En Colombia, de acuerdo al censo del 2018, la población afrocolombiana representaba aproximadamente el 10,6% de la población total del país. En ese momento, se estimó que había alrededor de 4.6 millones de personas afrodescendientes en Colombia, de las cuales el 50,4% eran mujeres y el 49,6% hombres. Sin embargo, ese censo arrojó que la población afro-colombiana había disminuido en un 30% en comparación con el censo de 2005, lo cual se debe a un posible subregistro por parte del DANE. Los departamentos con mayor volumen de población afro resultaron ser Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Antioquia, Cauca y Nariño.
Como muestra de la desigualdad estructural presente en la sociedad colombiana encontramos que, según el censo del 2018 del DANE, cerca del 66,1% de hogares con jefatura afro pertenecen al estrato 1 y que el 31,3% de la población afro solo logró estudiar la primaria. Además, en los 16 municipios de mayor volumen de población afro, únicamente el 32% de sus habitantes tienen acceso a la educación.
Las brechas raciales se suman al machismo y a las brechas de género, lo que hace que las mujeres negras sean más vulnerables a la desigualdad. Según el Mercado Laboral de los Grupos Étnico-Raciales del DANE, de abril de 2023, la participación laboral varía según el sexo: las mujeres participan menos en el mercado laboral y la brecha frente a los hombres alcanza los 27 puntos, ya que para 2021 la participación laboral de los hombres afro era de 77,7% frente a un 50,6% de las mujeres afro.
Según el Primer informe del Observatorio de Discriminación Racial, en el que participó el PCN , “la probabilidad de que un afrocolombiano pase hambre es más del doble que la de un mestizo, que también es preocupante”.
El Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) reúne a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas comprometidas con la mejora de la situación de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia. Su objetivo es promover la defensa y reivindicación de los derechos individuales, colectivos y ancestrales de estas comunidades, buscando así generar cambios significativos en su realidad.
Para frenar las barreras históricas que las comunidades afro han enfrentado, la Ley 70 de 1993, también conocida como «Ley de Comunidades Negras», es una legislación vigente que busca reconocer, proteger y promover los derechos de las comunidades afrocolombianas, especialmente aquellas que habitan en las regiones del litoral Pacífico, el Chocó, y otras zonas del país con una gran presencia de población afrodescendiente. Su objetivo es reconocer los territorios, derechos culturales, participación política, derecho a la consulta previa y la protección contra el racismo y la discriminación racial.
Por su lado, el Decreto Ley 4635 de 2011 reglamentó la asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en el marco de Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).
Victimización de las mujeres afro en la guerra
Además de la vulnerabilidad económica y social que enfrentan las comunidades afrocolombianas, el conflicto armado las afectó de manera particular. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad en su volumen “Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia”, la violencia hacia los pueblos étnicos tiene sus raíces en el trato colonial y el racismo estructural, los cuales siguen vigentes en la actualidad y han exacerbado la crueldad y provocado consecuencias desproporcionadas. Además, “las exclusiones deshumanizaron a los pueblos étnicos, normalizaron las prácticas atroces del conflicto armado y agravaron sus impactos”, según la Comisión.
Según el Primer informe del Observatorio de Discriminación Racial, “la realidad de la exclusión en un país en guerra incluye violencia y desplazamiento masivo contra las comunidades negras. (…) Entre los afrocolombianos, la probabilidad de ser desplazado es 84% más alta que para la población mayoritaria mestiza”.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, fueron numerosos los hechos de violencia documentados contra mujeres negras desde 1982 hasta 2018. Además del desplazamiento, incluyen la violencia sexual, como acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, anticoncepción y aborto forzado, acoso sexual y persecución sistemática.
Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2014, se observó un aumento en la afectación de las mujeres negras, con el 63,3% de los casos registrados. Aunque se esperaba una disminución de la violencia gracias al Acuerdo de Paz, la reducción en los últimos años ha sido mínima.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 1.239.542 víctimas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, de las cuales el 53% son mujeres. De ellas, 17.176 residen en Bogotá, en su mayoría tras haber sufrido desplazamiento forzado por el conflicto armado.
La siguiente visualización interactiva permite explorar las formas de victimización que sufrieron estas mujeres, tanto quienes vivieron el conflicto en la capital, como quienes fueron desplazadas y hoy residen en Bogotá.
Las afectaciones a las mujeres negras han sido aún más graves en comparación con la situación general de las mujeres en el país. “Ser mujer y negra ha auspiciado desde hace 530 años la existencia de un continuum de violencias racistas y patriarcales que aún perduran, circulan y son practicadas diariamente”, afirmó la Comisión en sus hallazgos en 2022.
La Corte Constitucional también ha destacado la grave situación que enfrentan las mujeres afrodescendientes e indígenas y en su auto 092 de 2008 expresó que la causas eran las “condiciones históricas y estructurales de discriminación, exclusión, marginación y vulneración”.
La violencia sexual ha sido una de las heridas más profundas que dejó la guerra. El Observatorio de Memoria y Conflicto registró 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia entre 1958 y 2022. En relación a la racialidad, el CNMH identificó que hubo 1.181 mujeres afro víctimas de violencia sexual. Tanto guerrillas como grupos paramilitares cometieron este delito.
En un informe de la Red mariposas de alas nuevas y la Fundación Akina Zaji Sauda entregado a la CEV en 2020, afirmaron que en la sociedad colombiana persisten formas de violencia y exotización de las mujeres negras, que forman parte de patrones racistas heredados de la época colonial y que aún no han sido superados. Históricamente, el cuerpo de las mujeres negras fue despojado y tratado como propiedad, considerado como un lugar donde se disputaba la continuidad del proyecto esclavista. Hoy en día, como se menciona en el informe, sus cuerpos siguen siendo vistos como «espacios de disputa» y «objetos que pertenecen», especialmente cuando hay actores armados.
Según el Centro de Memoria Histórica, las mujeres afro han identificado tres situaciones particulares donde han sido víctimas de violencia sexual: en espacios de militarización; en condición de desplazamiento, particularmente en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín; y, finalmente, las adolescentes y mujeres jóvenes que son víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
“La mujer africana no fue traída para suplir una falta para el trabajo, sino como compañera sexual del español, para ser explotada sexualmente por el europeo. Esa fue parte de la función que se le dio a la mujer” (CNMH, entrevista a mujer afro de Buenaventura, 2015)
Sobre las motivaciones de los actores armados para el uso de la violencia sexual, el Tribunal Superior de Medellín afirmó que “por lo menos en 15 de los 31 casos examinados, el 48,38%, las víctimas habían sido observadas y fueron seleccionadas por sus características sexuales y físicas, a juzgar por las expresiones previas o concomitantes al hecho y porque en múltiples casos el jefe o comandante de la zona o la región envió expresamente por ellas”.
La Comisión de la Verdad también identificó que la desigualdad en los impactos y daños está estrechamente vinculada a las jerarquías y clasificaciones raciales arraigadas en la sociedad colombiana desde la época colonial. Estas estructuras han perpetuado el racismo y han normalizado los abusos contra personas de raza negra. El racismo ha sido un factor determinante en el comportamiento de los diferentes actores armados durante el conflicto, ya que han utilizado estereotipos e imágenes negativas sobre lo que significa ser mujer negra para justificar sus acciones.
Resistencias de las mujeres afro-colombianas
Como afirmó la Comisión, los pueblos étnicos han resistido históricamente, desde la época colonial hasta el conflicto armado. En momentos de recrudecimiento del conflicto han llevado a cabo acciones para protegerse, buscar soluciones negociadas y demandar protección humanitaria.
Estos pueblos, muchas veces en cabeza de sus mujeres, han propuesto acciones de resistencia para proteger sus vidas y rechazar la violencia armada. Han buscado diálogos y pactos humanitarios con todos los actores armados, incluyendo guerrillas y paramilitares, con el fin de preservar sus comunidades y territorios. También han ofrecido fórmulas para la negociación política y la paz con el Estado colombiano, incluso ofreciendo sus territorios como escenarios para las negociaciones. Para protegerse y gobernarse a sí mismos, han creado mecanismos como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. Aunque en algunos lugares al interior de las Guardias las mujeres aún son minoría en relación con los hombres, se destaca por ejemplo el caso de los liderazgos de las mujeres indígenas Nasa en el suroccidente del país.
Algunas mujeres han cuestionado las lógicas de la guerra en relación con los proyectos económicos que los actores armados estaban defendiendo, como se refleja en una de las entrevistas del volumen “Sufrir la guerra y rehacer la vida” de la CEV: “Mujeres en zonas o territorios afro enfrentaron acuerdos de explotación minera, defendieron fuentes de agua porque eran las fuentes de agua de la comunidad. Entendían que las lógicas de los actores armados estaban conectadas con esos proyectos económicos; que a veces actores de la comunidad también avalaban y ponían en riesgo a la comunidad misma”.
A pesar de haber enfrentado violencia y exclusión durante mucho tiempo, muchas mujeres pertenecientes a los pueblos étnicos colombianos poseen saberes culturales y una profunda conexión con el territorio, fundamentales para reconstruir el país sobre bases nuevas. La Comisión de la Verdad también concluyó que los pueblos étnicos buscan un proyecto de inclusión y reconocimiento, donde se celebre la diversidad y se respete la sacralidad de la naturaleza.
“Resistir para nosotros no es aguantar, es transformar realidades, es aportar a la
verdadera construcción de paz, de vida en comunidad. Resistir es defender la vida y la
dignidad de los pueblos, resistir es aportar a la construcción de un país donde todos
quepamos, donde se respeten y potencien las diferencias”
(PCN, 2008)
